En este marco, se puede destacar que se trata de una medida inaplazable para impulsar el crédito en el ámbito de actividad primaria, elemento tractor fundamental para dinamizar el flujo de crédito en el planeta agrario, que permita contener los efectos coyunturales. A ello se une, visto que la solicitud al Registrador Mercantil a fin de que emita el certificado previo en las operaciones intraeuropeas, aplicable asimismo a las extraeuropeas, debe acompañarse de información sobre el cumplimiento de las obligaciones debidas por la sociedad a organismos públicos. Asimismo va a poder pedir información, en su caso, a las autoridades eficientes del Estado de destino, cuyo Derecho regirá la sociedad final de la operación. Sin perjuicio de lo preparado en el apartado previo, por acuerdo de la Comisión Encargada del Gobierno para Temas Económicos se podrá financiar la deuda que tengan pendiente de pago con proveedores las entidades locales que aquella determine, cuyo período medio de pago a distribuidores global sea superior al plazo máximo de pago predeterminado en la normativa de medidas de pelea contra la morosidad. A estos efectos, se comprende por entidad local el grupo de entidades citadas en el artículo 2 de este real decreto-ley y que estén sujetas al comienzo de garantía predeterminado en el artículo 4.2. Las comunidades autónomas y entidades locales van a deber financiar, a cargo de sus propios presupuestos, el descuento de al menos el 20% en el valor de los abonos y títulos multiviaje, excluido el billete de ida y vuelta.

Además, si al final, en el cierre del ejercicio 2022 se generase superávit de ingresos del sistema eléctrico en lo relativo a cargos, la integridad del mismo se va a aplicar para contemplar los desajustes temporales y las desviaciones transitorias entre ingresos y costos del ejercicio 2023 que corresponden a cargos. Estos plazos de suspensión van a quedar reducidos a 2 y cuatro días hábiles, respectivamente, en el momento en que el fallecimiento y las otras situaciones señaladas afecten a familiares en segundo nivel de afinidad o consanguinidad. El libro tercero, por su parte, consta de 4 títulos que poseen distintas disposiciones que tienen por objeto amoldar nuestro ordenamiento jurídico al Derecho de la Unión Europea. Si en la fusión forman parte una o múltiples sociedades anónimas cotizadas cuyos valores estén ya aceptados a negociación en un mercado regulado, domiciliado en la Unión Europea, el cómputo de fusión podrá ser sustituido por moda praia infantil promoçãO el informe financiero semestral de todas ellas exigido por la legislación sobre mercado de valores, siempre y cuando dicho informe hubiere sido cerrado y hecho público dentro de los seis meses anteriores a la fecha del proyecto de fusión. El presente real decreto-ley es aplicable a todas y cada una de las sociedades que tengan la consideración de mercantiles, bien por la naturaleza de su objeto, bien por la manera de su constitución. También, debe resaltarse que existen reglas particulares de protección de acreedores, tanto públicos como privados, en las diferentes operaciones de modificación estructural.

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Las entidades encargadas de la administración de esta prestación, según con la solicitud presentada y los documentos en su caso aportados, dictará la resolución provisional que sea procedente, estimando o desestimando la solicitud. Finalizado el cierre de actividad se procederá a revisar todas y cada una de las resoluciones temporales adoptadas. En el supuesto de que se desprenda que el interesado no está en su derecho a la prestación, se comenzarán los trámites de reclamación de las cantidades inapropiadamente percibidas, debiendo además de esto en estos casos entrar las cotizaciones que corresponden a todo el intérvalo de tiempo de percepción indebida de la prestación, aplicándose el procedimiento de gestión recaudatoria del sistema de la Seguridad Social en sus términos. Con lo que tiene relación a los trabajadores por cuenta propia incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar, la prestación excepcional por cese de actividad será, además, incompatible con las ayudas por paralización de la flota. Sin perjuicio de esto, en el supuesto de percepción de semejantes ayudas, y anterior acreditación de tal extremo, los trabajadores autónomos asimismo quedarán exonerados de la obligación de cotizar en los términos señalados en el apartado 3. Se formulará una iniciativa de resolución determinante para las comunidades autónomas adjudicatarias y otra para las entidades locales, que contendrán la relación definitiva de beneficiarios y la cuantía a percibir por cada uno.

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La petición de modificación va a deber formularse por el titular del centro o por su representante legal ante la Jefatura Provincial de Tráfico, por medios electrónicos, en el plazo de diez días hábiles desde que se produjera el cambio. Petición. La petición, que se presentará telemáticamente, va a deber dirigirse a la Jefatura Provincial de Tráfico, moda praia infantil promoção firmada digitalmente por el titular del centro o por su gerente legal. Junto con ella, se aportará la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos demandados en este anexo, y una declaración responsable del titular o de su gerente legal garantizando dicho cumplimiento. D) Un ordenador y un proyector, o sistema similar, a disposición del personal docente, que permita ver en una pantalla las imágenes del computador. Incompatibilidades. Mientras se hallen en activo, el personal al servicio del Organismo Autónomo Jefatura Central de Tráfico, el personal de la Agrupación de Tráfico de la Guarda Civil, los integrantes de las Policías Locales y el plantel enseñante de las Academias Oficiales de Conductores no van a poder prestar servicio alguno en los centros de sensibilización y reeducación vial, ni ser titulares de exactamente los mismos, ni formar parte de la entidad o persona jurídica a cuyo nombre figure la autorización.

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No obstante, en su campo de competencias, las Comunidades Autónomas podrán aplicar lo preparado en el artículo. El informe de determinación de afección ambiental no será objeto de recurso alguno, sin perjuicio de los que, en su caso, procedan en vía administrativa y judicial frente al acto de autorización del emprendimiento. El informe va a poder determinar también la obligación de someter la autorización del proyecto a las condiciones que se estime oportuno para mitigar o compensar probables afecciones ambientales del mismo, así como a condiciones relacionadas al rastreo y plan de vigilancia del emprendimiento. La instalación no va a poder ser objeto de autorización de construcción o explotación si no se respetan dichas condiciones. Si en los relativo a cargos del sistema eléctrico, por circunstancias sobrevenidas o fallos en las estimaciones señaladas en el apartado previo, para el cierre de manera equilibrada del ejercicio 2022 fueran necesarios fondos auxiliares, el organismo encargado de liquidaciones trasferirá del ejercicio 2023 al ejercicio 2022 la cantidad que se requiere para saldar en equilibrio.

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El Tribunal, en los tres días siguientes, sin oír a las partes, tendrá por listo el recurso si la resolución reclamada es recurrible en casación y se han cumplido todos los requisitos demandados en los productos precedentes, y, en la situacion opuesto, lo denegará por auto motivado. Cuando se pretenda interponer recurso de casación contra sentencia dictada en apelación por una Audiencia Provincial o la Salón de lo Penal de la Audiencia Nacional por infracción de ley, el recurrente deberá enseñar escrito consignando, en párrafos separados, con la mayor claridad y concisión, la concurrencia de los requisitos exigidos, identificando el precepto o preceptos sustantivos que se consideran infringidos y explicando de modo sucinto las razones que fundan tal infracción. Con carácter antes de instar la extinción judicial de la fundación en los supuestos previstos en los párrafos b), c) y e) del producto 31, el Protectorado tramitará el correspondiente procedimiento, en los términos previstos en el artículo. La compañía o asociación de empresas que invoque el amparo de lo dispuesto en el producto 1.3 va a deber dar la prueba de que se cumplen las condiciones previstas en tal apartado.

Los acreedores, para que se le concedan o completen las garantías de sus créditos, deberán demostrar que la satisfacción de sus derechos está en riesgo debido a la modificación estructural y que no han obtenido garantías correctas de la sociedad. Se presumirá, salvo prueba en opuesto, que las garantías son correctas o primordiales en el momento en que el informe de especialista independiente haya constatado esa adecuación o la sociedad haya emitido la declaración sobre la situación financiera en los términos previstos en el siguiente producto. El título II, dedicado a la ampliación de medidas de acompañamiento en materia de transportes, se composición en tres episodios. En el capítulo I se establece una contribuye a los operadores de servicios de transporte marítimo que operan en líneas de navegación de interés público, que son aquellas sobre las que la administración establece determinadas obligaciones de servicio público en atención a su especial consideración e relevancia para las comunidades autónomas de Baleares y Canarias y para Ceuta y Melilla.

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La sociedad va a deber cumplir con lo demandado por la ley española para la constitución del tipo societario de que se trate, justificando, en particular, con un informe de especialista sin dependencia que su patrimonio neto cubre la cifra de capital social que consta en los estatutos sociales, que deberá ser por lo menos la cifra de capital popular demandada por el Derecho español. Las sociedades competidores elaborarán un emprendimiento común de cesión global trasfronteriza, que deberá ser aprobada por todas ellas, y que contendrá las mientes requeridas en la cesión global interna y, en su caso, la información sobre el régimen de participación de los trabajadores en la sociedad o sociedades cesionarias. La publicidad preparatoria del acuerdo de modificación estructural transfronteriza se va a hacer de conformidad con las disposiciones aplicables a las ediciones internas, si bien la sociedad o sociedades competidores van a deber, en todo caso, presentar en el registro pertinente, la información que se señala ahora. Los socios de las sociedades españolas participantes en una modificación estructural que, a consecuencia de esa modificación, vayan a quedar sometidos a una ley extranjera, tendrán derecho a enajenar sus acciones o participaciones a la sociedad a la que pertenezcan o a los socios o terceros que esta sugiera en lugar de una compensación en efectivo correcta, siempre y cuando hayan votado en oposición a la aprobación del pertinente emprendimiento. Este mismo derecho se ajusta a los titulares de acciones o participaciones sin voto.

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Los administradores de la sociedad escindida tienen la obligación de reportar a su junta general sobre cualquier modificación esencial del patrimonio acaecida entre la fecha de elaboración del proyecto de escisión y la fecha de reunión de la junta. Exactamente la misma información deberán proveer, en los casos de escisión por absorción, los administradores de las sociedades adjudicatarias y éstos a los gestores de la sociedad escindida, para que, por su parte, informen a su junta general. Los socios de las sociedades que se fusionen, que consideren que la relación de canje establecida en el emprendimiento no es adecuada, pueden impugnarla y reclamar un pago en efectivo frente al Juzgado de lo Mercantil del domicilio social, cuya rivalidad va a ser única, o el tribunal arbitral estatutariamente sosprechado, siempre que no hayan votado en pos de la aprobación del acuerdo de fusión o no tengan derecho de voto, en el período de un par de meses desde la fecha de publicación del acuerdo de la junta general. La resolución del Juzgado o tribunal arbitral será vinculante para la sociedad final de la fusión. El contenido del informe del especialista o de los especialistas sobre el proyecto de fusión estará integrado únicamente por la segunda parte cuando, en todas las sociedades que participen en la fusión, así lo hayan acordado todos los socios con derecho de voto y, además de esto, todas y cada una la gente que, en su caso, según la ley o los estatutos sociales, fuesen titulares de ese derecho. Al menos un mes antes de la fecha de celebración de la junta general que apruebe la operación, los administradores de la sociedad o sociedades participantes van a poner el informe o informes predisposición de los socios y de los representantes de los trabajadores de la sociedad o, en el momento en que no existan tales representantes, de los propios trabajadores, junto con el proyecto de modificación estructural, de estar libre.